El dictamen del Comisario de Información aborda los problemas de privacidad en el uso de la tecnología de reconocimiento facial en vivo en lugares públicos

La tecnología de reconocimiento facial aporta ventajas que pueden hacer que algunos aspectos de nuestra vida sean más fáciles, eficaces y seguros. La tecnología nos permite desbloquear nuestros teléfonos móviles, crear una cuenta bancaria en línea o pasar el control de pasaportes.

Pero cuando la tecnología y sus algoritmos se utilizan para escanear los rostros de las personas en tiempo real y en contextos más públicos, los riesgos para la privacidad de las personas aumentan.

Me preocupa profundamente la posibilidad de que la tecnología de reconocimiento facial en vivo (LFR) se utilice de forma inapropiada, excesiva o incluso imprudente. Cuando se recogen datos personales sensibles a escala masiva sin el conocimiento, la elección o el control de las personas, las repercusiones podrían ser importantes.

Deberíamos poder llevar a nuestros hijos a un complejo de ocio, visitar un centro comercial o recorrer una ciudad para ver los lugares de interés sin que se recojan y analicen nuestros datos biométricos a cada paso que damos.

A diferencia de las cámaras de seguridad, el LFR y sus algoritmos pueden identificar automáticamente quién eres y deducir detalles sensibles sobre ti. Se puede utilizar para crear un perfil instantáneo y ofrecer anuncios personalizados o comparar su imagen con la de ladrones conocidos mientras hace la compra semanal.

En el futuro, existe la posibilidad de superponer las cámaras de vídeovigilancia a la LFR, e incluso combinarla con los datos de las redes sociales u otros sistemas de «big data»: la LFR es la CCTV sobrealimentada.

No es mi función avalar o prohibir una tecnología, pero, mientras esta tecnología se desarrolla y no se despliega de forma generalizada, tenemos la oportunidad de garantizar que no se extienda sin tener en cuenta la protección de datos.

Por ello, hoy he publicado un dictamen del Comisario sobre el uso de LFR en lugares públicos por parte de empresas privadas y organizaciones públicas. En él se explica que la protección de los datos y la privacidad de las personas deben estar en el centro de cualquier decisión sobre el uso de LFR. Y explica cómo la ley establece un listón muy alto para justificar el uso de LFR y sus algoritmos en lugares donde compramos, nos relacionamos o nos reunimos.

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